La Seguridad Pública y la Seguridad Ciudadana son Conceptos Distintos

La Seguridad Publica y la Seguridad Ciudadana son Conceptos Distintos Es importante empezar por comprender la diferencia entre la Seguridad Pública (Estado) y la seguridad ciudadana (Individuos). Son temas que no solo deben ir de la mano, sino que deben ir coordinados unos con los otros. Si bien parecen casi lo mismo, no lo son. Por eso es menester diferenciarlos. La seguridad ciudadana, incorpora los estándares de derechos humanos como base; y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado. Estos emanan de los instrumentos que conforman el Derecho Internacional que garantizan los Derechos Humanos, de los pronunciamientos y la jurisprudencia que dictan los organismos de contralor que integran los diferentes sistemas de protección. La Seguridad Ciudadana debe ser concebida como una política pública, entendiendo por ésta a los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para alcanzar un objetivo determinado, y que contribuyen a crear o a transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la misma, con miras a mejorar la sociedad. La Seguridad Pública es un concepto proyectado al ámbito de lo público, es decir, llevándolo donde la actividad estatal se patentiza por el ejercicio de sus potestades a través de diferentes funciones, sean éstas de orientación, organización, administración, planificación, dirección, fiscalización, prevención, represión, etcétera; con el fin de garantizar el bien de la sociedad. Hoy en día es alarmante la alta sensibilidad de todos nosotros frente al impacto de los actos de violencia o el crecimiento de determinados delitos. Puede verificarse que cada vez más ciudadanos reaccionan intentando hacer justicia por mano propia. Es necesario que la seguridad de nuestra sociedad no sea solo un tema de desarrollo de debates electorales con interés en el corto plazo. Su objetivo debe ser informar adecuadamente a la sociedad, como así también de convocar a las instituciones públicas, a las organizaciones sociales, a los medios masivos de comunicación y a la comunidad en general, para reflexionar sobre los factores que inciden sobre esta problemática y sobre las medidas realmente eficaces para mejorar las condiciones de vida de la población frente a la amenaza de la violencia y el delito. Para concluir debemos mencionar que una de las principales obligaciones estatales se vincula al esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición. Sin duda la adecuada y eficaz administración de justicia por parte del Poder Judicial, y en la medida correspondiente por entes disciplinarios, tiene un rol importante no sólo en términos de reparación al daño causado a los afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance del fenómeno. Es fundamental que la seguridad ciudadana sea generada a partir de un vínculo entre la comunidad y el Estado. Dr. Maximiliano Raúl RIMA. Dr. Sebastián GARCIA D’ONOFRIO.-